La responsabilidad penal de las Personas Jurídicas

La responsabilidad penal de las Personas Jurídicas

Mano firmando contrado con una pluma

El pasado 22 de enero se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, que trata de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas, asociaciones, corporaciones…) y ello conforme a la última reforma de nuestro Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 1/2015.

Sobre esta circular vamos a destacar aquellos puntos que la Fiscalía tendrá en cuenta para la valoración de los programas denominados «Corporate Compliance», cuya finalidad es la prevención de delitos que puedan cometerse en el seno de la persona jurídica, así como la exclusión de su consecuente responsabilidad penal y la imposición de sanciones:

  • En primer lugar, para poder exigirle a una persona jurídica responsabilidad penal, los sujetos que identifica la ley deberán haber incumplido gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control.

 

  • Estos sujetos deben tener funciones de supervisión, vigilancia y control dentro de la entidad, o deberán actuar en su representación, inclusive trabajadores autónomos, subcontratados o colaboradores de la misma.

 

  • Será posible reclamarle a la persona jurídica la responsabilidad civil subsidiaria del actual art. 120.4º del Código Penal (indemnización), por los delitos que hayan cometido sus empleados, representantes o gestores en el desempeño de sus funciones.

 

  • Las entidades asociativas privadas, como por ejemplo los Colegios Profesionales o Cámaras de Comercio, también podrán tener responsabilidad penal.

 

  • La Fiscalía estudiará el cumplimiento con carácter general de las siguientes pautas, a fin de valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión de estas entidades:

1. La regulación de estos modelos se confeccionará de manera que la responsabilidad penal de persona jurídica no quede desierta.

2. La finalidad de estos modelos no es solo evitar la condena penal a la persona jurídica, sino promover la importancia de ésta en la toma de decisiones y en la de sus dirigentes, dirigida a lograr un compromiso corporativo con el objeto de evitar conductas delictivas.

3. Esta responsabilidad será más contundente en supuestos en los que la conducta criminal busque principalmente un beneficio de la propia entidad.

4. La comisión de un delito no invalidará de manera automática el modelo de prevención, pero si quedará en entredicho.

5. Valorará la conducta y comportamiento de la entidad en el pasado.

6. Las medidas que se tomen por la propia persona jurídica tras la comisión de un delito, pueden poner de r elieve el comportamiento de sus responsables en cuanto al cumplimiento del programa de prevención o «Corporate Compliance». Así pues, el retraso de la denuncia de estos hechos delictivos o su ocultación, así como una actitud no colaboradora con la investigación de los mismos y la justicia, pondrán en duda la cultura ética corporativa de la entidad en cuestión, así como el cumplimiento del programa de prevención que haya adoptado.

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